Un juez en Texas se ha convertido en el verdadero obstáculo para hacer realidad las reformas migratorias que lanzó el presidente Barack Obama a fines de 2014. Las presiones devenidas del cálculo político han comenzado a hacerse más evidentes y conforme se acerquen las elecciones, lo será más. Obama, conociendo del impacto que produjo el anuncio del paquete de medidas para favorecer a más de 5 millones de personas indocumentadas, ha salido al frente con un recurso legal para que su promesa de candidato no se vea paralizada.

Junto a la medida del juez, se encuentra la reciente demanda que presentaron 26 de los 50 Estados que forman la nación estadounidense y que han manifestado su frontal oposición a la medida migratoria del presidente. No es un secreto que se trata precisamente de aquellos Estados con amplio dominio electoral republicano. Era previsible que apenas dominado el Congreso por los republicanos, el ajedrez en el país iba a cambiar notablemente. El margen de acción del presidente lo quieren ver reducido.

A menos de dos años de que culmine su estadía en la Casa Blanca, que se prolongó por dos períodos, Obama no tendrá en los meses siguientes ningún escenario alentador en sus propósitos para crear las condiciones idóneas para que la futura candidata demócrata, Hillary Clinton, se alce victoriosa como nueva presidenta. Los republicanos harán cuanto sea necesario para retrasar o entorpecer las medidas del gobierno, las que incluyen el tema Cuba, y buscarán afectar políticamente la candidatura de la señora Clinton, que va muy bien en las encuestas. Los republicanos saben que Obama no se doblegará, porque lleva la carga de haber llenado de ilusiones a la inmensa cantidad de indocumentados, entre estos los hispanos, y Obama sabe que su apoyo será importante y hará todo lo posible para no abandonarlos.