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Está claro que para acabar con la corrupción en el Estado -o reducirla al mínimo- también se debe mirar al sector privado. Si solo vemos un lado del problema, no podremos saber la causa del mismo. Por eso es necesario que el gobierno de Kuczynski también convoque a los gremios empresariales para sentar una posición firme y conjunta.

En los diversos casos de corrupción registrados en los últimos gobiernos, siempre aparece alguna mano negra del sector privado, nacional o extranjero, representado por lobistas no registrados, en el mejor de los casos. En el peor, son los mismos funcionarios públicos quienes fungen de puente para sacar provecho de sus cargos.

Son necesarias las sanciones a aquellas empresas privadas y sus representantes que se burlan de la ley, como esos empresarios informales que se unen en consorcios para ganar obras públicas, son descubiertos y sancionados por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), pero piden acciones de amparo en la vía judicial y vuelven a las licitaciones como si nada hubiera pasado.

El avance de la corrupción tiene un motor de responsabilidades mutuas entre los representantes de los sectores público y privado. Por un lado, están quienes reciben el dinero para favorecer al empresario privado y, por el otro, quienes entregan dichos montos. Este engranaje no funcionaría sin lo uno ni lo otro.

Por eso, extraña que entre los nueve miembros de la Comisión Presidencial de Integridad, personajes reconocidos por su trayectoria pública y privada, no esté presente alguien que lleve y traiga la voz de quienes están en el otro lado de la acera, el empresariado. Este es el gran ausente.

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