En la agenda de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado chileno, que pronto sesionará en Arica -a pocos días del segundo aniversario del fallo de la Corte de La Haya de 2014 sobre los límites marítimos entre ambos países-, estaría la descabellada idea de la expropiación del terreno “El Chinchorro”, propiedad privada del Estado peruano, aduciendo que su condición de “abandonado” limita el crecimiento de Arica. Todo “El Chinchorro” (120,550.18 km2) y el “Chinchorrito” (1344.48 km2) -fue dividido arbitrariamente por una carretera- está totalmente cercado desde 1996. Es verdad que no tiene uso, pero eso es distinto a que esté abandonado, y esa es una diferencia jurídica sustantiva; además, pagamos escrupulosamente 50,000 dólares al año en impuesto predial. “El Chinchorro” está protegido por la propia Constitución de Chile que consagra el derecho de propiedad (Art. 19 Nº 24 incisos 1º al 5º), pero sobre todo lo está por el Art. 7° del Tratado de Lima de 1929, al establecer que ambos gobiernos “…respetarán los derechos privados legalmente adquiridos en los territorios que quedan bajo sus respectivas soberanías”, de manera que dichos terrenos gozan de su manto protector, que es superior al derecho chileno. Adquirido por el Perú en 1926, Chile no ha entendido el alcance del referido Art. 7° del Tratado, que es posterior (1929). En cuanto al Perú, qué enorme negligencia histórica de nuestras autoridades en 86 años para no potenciarlo, tratándose de un terreno en un suelo que nos fue arrebatado. Declarada de interés nacional la construcción en “El Chinchorro” de un complejo cultural, ha pasado un año y hasta ahora no se ha hecho nada. Pura demagogia.