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El compromiso político es fundamental para ir sellando la paz en Colombia. Así lo ha entendido el Congreso cafetero, que a pesar de las críticas de la oposición -con el expresidente Álvaro Uribe a la cabeza- hacia el gobierno del ahora exitoso y galardonado Juan Manuel Santos por el acuerdo de paz definitivo con las FARC, ha decidido cerrar filas con ese poder del Estado para allanar la paz conseguida luego de medio siglo de violencia estructural en el país. Así, la aprobación en la víspera de una ley de amnistía para los miembros de las FARC que tuvieron participación en delitos no considerados como graves, lo que está haciendo en el fondo es crear el contexto idóneo para afirmar el proceso de desarme de las FARC, que es parte relevante del acuerdo. Seamos claros: las FARC jamás entregarían sus armas ni a la ONU ni a nadie a cambio de nada por más buenos discursos hasta ahora pronunciados. Ellos son conscientes de que al desarmarse quedarán en completo estado de indefensión y por tanto vulnerables, por eso quieren hacerlo con el respaldo jurídico-político prometido por el propio Estado. El resultado de la votación en el Parlamento colombiano, que ha sido rápido, debe materializar una primera e inmediata consecuencia reflejada en la puesta en libertad de unos 4000 guerrilleros encarcelados. El presidente Santos, y en general el Estado colombiano, sabe que debe jugar limpio a las FARC, y estas que deben hacer lo mismo. Es verdad que ya se hizo antes cuando el grupo guerrillero M-19 decidió dejar las armas y entrar en la civilidad. De modo que el país en su conjunto, si quiere una paz duradera, debe tener muy presente el concepto de la tolerancia por la negociación conseguida, y una muestra de ello será asimilar la referida amnistía concedida.