El derecho contaminado por la política

La denuncia fiscal contra el expresidente Alejandro Toledo -mi juicio de valor jurídico podría serlo también para casos de otros líderes nacionales- revela que es muy malo para la democracia que la política contamine al derecho, cuyo carácter científico está fundado en la demostración de la culpabilidad.

Lo demás es puro cuento y entonces cuando el derecho es desnaturalizado por las apetencias del poder, que no tiene moral, las garantías para sostener la imparcialidad de la administración de justicia desaparecen y muestran al Estado vulnerable, afectando seriamente su imagen internacional. Voy a explicarlo.

1° La deliberada y escandalosa dilatación de la investigación preliminar revela una flagrante intención de neutralizar a una figura pública como es un exjefe de Estado, burdamente presentada en una etapa de creciente clima electoral, vapuleando los principios jurídicos de celeridad e inmediatez procesal -se ha esperado deliberadamente casi tres años para formularla y sin ningún nuevo elemento para justificar su impulso, a pesar de concluir el propio fiscal de la Nación que no hubo desbalance patrimonial ni enriquecimiento ilícito- y buscando el momento más “conveniente”, es decir, a menos de 9 meses de las elecciones presidenciales.

2° Es grave que se haya formulado denuncia sin pruebas y peor aun forzando el derecho con “nuevas hipótesis”, volviéndolo maniqueo para imputar responsabilidad a como dé lugar, cayendo en un antijurídico que impacta negativamente a la majestad del derecho al violentar el principio universal de presunción de inocencia superponiendo el “yo creo que podría ser culpable”, una carga subjetiva y manipuladora reprochable.

3° Aparece descubierta la intención de querer enlodar la reputación de una persona, y esto último es un delito.

4° El derecho ultrajado por el poder se convierte en su vil instrumento, desnudando la imperdonable complicidad de la política con el engaño haciendo cundir, penosamente, antivalores en nuestra sociedad.