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El presidente Pedro Pablo Kuczynski ha dicho hace pocos días que el mayor reto del Perú es evitar los conflictos sociales. De arranque tiene un desafío mayúsculo para probar sus intenciones. El problema del Complejo Metalúrgico de La Oroya necesita una solución urgente. El 27 de agosto próximo se vence el plazo para liquidar a la empresa Doe Run. Si esto sucede, más de mil 500 trabajadores se quedarán en la calle y muchos negocios que genera la fundición quebrarán. Por eso, para los pobladores de La Oroya este es un tema crucial y están decididos a todo con tal que se resuelva este tema. Paros, bloqueos de la carretera central y violencia pueden generarse en esta ciudad que conecta a Lima con regiones como Junín, Pasco y Huánuco.

La alternativa es ampliar el plazo de liquidación de Doe Run y para ello el Ejecutivo ya mandó un proyecto de ley al Congreso. La mayoría fujimorista ya dijo que apoyará esta medida. El objetivo no solo es tener dos o cuatro años de tiempo para tener mayor margen de acción y tomar decisiones, sino asegurar la reactivación del Complejo Metalúrgico de La Oroya. “Dicha reactivación generará inmediatamente un valor agregado de 500 millones de dólares anuales por concepto de exportación de metales refinados”, dijo el congresista de Fuerza Popular, por Junín, Israel Lazo. “El complejo, ya operando, está valorizado en mil millones de dólares, lo que se traducirá en mayor actividad económica”, comentó el parlamentario Carlos Bruce.

Sin embargo, para que vuelva a funcionar esa gran fundición de minerales, se necesita relajar medidas ambientales, algo que en estos tiempos de cuidado del medio ambiente, resulta contraproducente.

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