La reforma política tiene como eje el financiamiento electoral. No hay competencia sin recursos. El dinero cuenta más que los programas, las ideas y la honestidad. La gente capaz y honesta nunca llegará si le falta dinero para la campaña. El debate es de fondo en un momento crítico para los políticos que pierden legitimidad y credibilidad por la corrupción. En el que la política aparece como botín o como inversión, dominada por las donaciones que hipotecan a los representantes como pagos a cuenta para favores futuros. 

En todo el continente el dato fundamental es la disonancia entre la legislación y su aplicación real. Pueden prohibirse las donaciones anónimas y de origen extranjero para candidatos y partidos, pueden imponerse obligaciones de transparencia sobre donaciones y gastos, pueden proliferar las reformas legales como resultado de escándalos, pero los controles tienen la misma debilidad de las autoridades encargadas de hacerlos, sea por falta de autonomía para supervisar o por falta de recursos financieros, humanos para su tarea. 

Prohibir las donaciones de personas jurídicas como lo han hecho Brasil, Chile y Costa Rica es importante, pero más lo es la voluntad política para aplicar la legislación con severidad, para levantar los secretos bancario y tributario, y sobre todo para fortalecer el intercambio de información entre los supervisores en la región. Es esencial regular las licitaciones y adjudicaciones de obras públicas, los lobbies y los conflictos de interés. Lo sucedido con Graña y Montero indica lo mucho que nos falta en protección de la integridad en la función pública.