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¿El fin de la “suerte”?

​Con el pedido del fiscal Germán Juárez Atoche de prisión preventiva contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia por los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, parece estar llegando a su fin la extraña “suerte” que acompañaba a la ex “pareja presidencial”, que desde hace mucho tiempo está pasándola muy bien a pesar de todas las evidencias que cargan en sus espaldas desde hace varios años.

12 de Julio del 2017 - 07:30 Iván Slocovich

Con el pedido del fiscal Germán Juárez Atoche de prisión preventiva contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia por los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, parece estar llegando a su fin la extraña “suerte” que acompañaba a la ex “pareja presidencial”, que desde hace mucho tiempo está pasándola muy bien a pesar de todas las evidencias que cargan en sus espaldas desde hace varios años.

Y si al expresidente se le complica la cosa por el dinero recibido de la empresa brasileña Odebrecht, corruptora por excelencia, a cambio no se sabe aún de qué, habría que ver qué le pasa en las próximas semanas con los cadáveres que vienen apareciendo en fosas en la selva, y que son relacionados con su paso por la base contraterrorista de Madre Mía, donde el exmandatario actuaba bajo el apelativo de “capitán Carlos”.

En verdad, la “suerte” de los Humala-Heredia era escandalosa. Están las confesiones de Jorge Barata con la entrega de los 3 millones de dólares jamás declarados, el contenido de las famosas agendas donde se consignan dineros de origen desconocido, la denuncia de que la ex primera dama trató de alterar su letra en una diligencia, los gastos con la tarjeta de crédito compartida con Rocío Calderón y los contratos “truchos” de trabajo, entre otros indicios.

En otros tiempos, por la mitad de eso ya habría varios en la cárcel. Ahora la suerte de Humala y Heredia, los que creían que el poder era para siempre, está en manos del juez Richard Concepción Carhuancho, el mismo que dispuso la prisión preventiva contra Alejandro Toledo, otro de nuestros expresidentes caídos en desgracia por presuntos actos de corrupción que, además, suelen dejar por los suelos la imagen del Perú.

La justicia tiene que actuar con la ley en la mano y basarse netamente en los indicios presentados por el Ministerio Público, que son bastantes. Seguramente la ex “pareja presidencial”, sus abogados, y los pocos ayayeros que les quedan por ahí, saldrán con la historia de la “persecución política”, pero bueno, fuera de bromas, lo cierto es que los actos de corrupción tienen que ser sancionados en cualquier país civilizado. Los tiempos de la impunidad deben quedar atrás.

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