En los últimos días, la Defensoría del Pueblo emitió su informe sobre los casos de corrupción en trámite al 31 de diciembre de 2016, los que sumaron 32,925. Siendo pesimistas, a mayo del presente año, las cifran han aumentado y los procesos siguen durmiendo en la recarga laboral de las cortes de justicia del país y del Ministerio Público.

Echando pluma, en el norte estamos así: Tumbes, 591; Piura, 1059; Lambayeque, 1487; Cajamarca, 1056; La Libertad, 1348; y Áncash, 2771. Es decir, unos 8,312 casos de alcaldes, gobernadores regionales y funcionarios públicos, entre los que, penosamente, destacan los policías.

Otro punto interesante es la manera de caer en este delito. Ojo a sus víctimas, para que se identifiquen. “(…) tipología de casos de corrupción, tales como el empleo de testaferros para contratar con el Estado, la contratación de empleados fantasma, la manipulación de expedientes técnicos, la microcoima, el robo de combustible, la documentación falsa para sustentar gastos no existentes, entre otros”.

Claro, no todos los casos llegarán a la condena, algunos quedarán en el archivo de la Fiscalía y otros prescribirán porque así lo manda la ley, y unos pocos recibirán un castigo. Pero, ahí queda la cosa. De la reparación civil nunca sabremos, sino miremos el portal de deudores en el Ministerio de Justicia. ¿Cómo corregir eso?

Hace poco se aprobó la ley para darle muerte civil a los corruptos, pero también el Ejecutivo ha propuesto que sean los mismos trabajadores públicos quienes puedan denunciar cualquier signo de corrupción, con el manto de protección que se merece. A esto último habría que darle más difusión si es que queremos reducir este mapa de la vergüenza. Aquí está la función ciudadana, la vigilancia comprometida.

Lo peor que podemos hacer es resignarnos a seguir viviendo entre esta lacra, ser condescendiente con aquellos políticos que muy orondos afirman que las demandas siempre son por celos políticos, y volverlos a elegir porque así es la carrera pública. El silencio siempre es cómplice.