Es de esperarse que la norma que declara en emergencia a la capital y 13 regiones por la presencia del fenómeno El Niño venga acompañada de la asignación de recursos económicos para hacer frente a esta eventualidad que, de ser pasada por alto, podría ocasionar la pérdida de vidas humanas y de millones de soles en daños materiales que tardaríamos años en recuperar.

Ante la posibilidad de que lleguen a nuestras costas y otras zonas las calamidades que trae el calentamiento de nuestras aguas marinas, es necesario actuar con sentido de previsión y no dejando todo a la suerte. Entre los años 1997 y 1998 se trabajó con anticipación y aun así tuvimos sectores devastados en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ica y también en Lima, donde el río Huaycoloro se desbordó.

Sin embargo, la asignación de recursos y su buen uso debe de ser estrictamente fiscalizado por la Contraloría General de la República, una institución a la que en los últimos años se le han escapado las tortugas, especialmente en gobiernos regionales y municipalidades donde la corrupción ha sido moneda corriente por muchos años, sin que el órgano de control al menos dé señales de alerta.

Si somos un país donde nos jactamos de haber dejado atrás la pobreza, no podemos dejar de tomar las medidas necesarias para evitar daños mayores. Lamentablemente tenemos los malos antecedentes de actos de corrupción en gobiernos locales y por ello hay que fiscalizar todo. Abramos las arcas para lo que haga falta, pero bajo la atenta mirada de la Contraloría que ojalá esta vez sí haga lo suyo.