En las próximas semanas y meses, la atención estará muy centrada en las candidaturas presidenciales y parlamentarias, en las campañas, en las denuncias que ya han comenzado a aparecer y en demás situaciones propias de una elección. Sin embargo, lo que no se puede dejar de lado es el peligro para el país, sus ciudadanos y su economía, que implica la eventual ocurrencia de un fenómeno El Niño, que se manifestaría precisamente en simultáneo con mítines y promesas de un Perú mejor.

El calendario electoral es uno solo y deberá cumplirse. No obstante, los peruanos estamos en la obligación de exigirle al Estado en sus tres niveles de gobierno la atención necesaria para reducir los efectos de este evento climático, que en 1983 y especialmente en 1998 provocó irreparables pérdidas humanas y daños económicos que tardamos años en recuperar, por más que en el último de los fenómenos el gobierno de ese entonces actuó con un buen criterio de prevención.

Los que fuimos reporteros a fines de los 90 recordamos haber estado con el agua hasta el pecho o el lodo hasta las rodillas en ciudades de regiones como Tumbes, Piura, Lambayeque o Ica. En esta última, recuerdo que la gente tuvo que ser sacada de sus casas en botes de goma de la Unidad de Salvataje de la Policía Nacional. En Chiclayo, todos los alrededores del penal de Picsi terminaron bajo el agua y la gente tuvo que ir a vivir temporalmente al cementerio, que se ubica en una parte alta.

Para paliar los efectos de El Niño se necesitan recursos, que los tenemos, y la voluntad política de las autoridades, que no pueden distraerse por el clima electoral. Eso está bien para los ciudadanos de a pie, pero no para quienes tienen, comenzando por el presidente Ollanta Humala y su gabinete ministerial, la obligación de adoptar medidas desde ahora a fin de evitar la pérdida de vidas y los daños a la propiedad pública y privada, lo que significa un golpe brutal a la economía.

Cuidado con que de tanta candidatura y tanta denuncia a ritmo de samba, las autoridades no se den cuenta de que tienen los huaicos y los desastres en sus propias plazas de armas. Recordemos que en verano de 1998 las aguas y el barro provenientes del casi inexistente río Huaycoloro bajaron por Campoy, luego por la avenida Gran Chimú, en San Juan de Lurigancho, y acabaron muy cerca de Palacio de Gobierno. No lo olvidemos nunca.