Desde junio de 2015, el Congreso tiene pendiente la elección del reemplazo del magistrado Óscar Urviola en el Tribunal Constitucional (TC). Desde esa fecha, muchos han sido los voceados, pero nadie ha logrado alcanzar algún consenso para un cargo tan importante. La incertidumbre se afianza, pues lamentablemente un proceso de este tipo no cuenta con un procedimiento que asegure su necesaria transparencia.
En atención a esta necesidad, desde mi campaña electoral manifesté la urgencia de aprobar reglas claras para la elección de magistrados del TC, a fin de evitar que se repitan momentos como el de la famosa “repartija” de 2013. Por ello, en enero de este año presenté el Proyecto de Ley N° 920, que tiene como objetivo establecer un reglamento especial para el nombramiento de altos funcionarios por el Congreso.
Esta iniciativa busca garantizar el mérito y la transparencia en todo el proceso de elección de magistrados del TC, del Banco Central de Reserva y del defensor del Pueblo. Plazos, requisitos así como el respeto de un orden, son claves en procedimientos de este tipo.
Por cuestiones de tiempo, probablemente será muy difícil que este proyecto sea analizado antes de que se elija al nuevo magistrado del TC. Sin embargo, confío en que cuando llegue junio del próximo 2019 y toque reemplazar a gran parte de sus integrantes, no estaremos en esta misma situación, gracias a la colaboración de todas las fuerzas políticas. Tenemos casi dos años por delante, estamos a tiempo de empezar a hacer bien las cosas para asegurarnos de que solo los mejores accedan a estos cargos.