Medio país sumergido bajo las aguas y el barro que se lleva casas y propiedades y con ellas, el esfuerzo de toda una vida dejando en la indefensión a cientos de miles. La dimensión del desastre ha insuflado energías al gobierno de PPK y a su gabinete, cuyos miembros se han multiplicado. La atención a los afectados es lo primero.

Pero pueden venir cosas peores. La emergencia sanitaria es una de ellas y seguramente la más seria, pues toca a la defensa de la vida. Las enfermedades menudean y se agravan por falta de agua para beber y para la higiene elemental. La profilaxia se hace imposible cuando miles se deshidratan con diarreas, se infectan con heridas, picaduras de mosquitos, vienen las epidemias y las enfermedades contagiosas que no reciben atención. Los hospitales y entidades de salud, o no tienen capacidad, o han sido inhabilitados por la catástrofe.

La emergencia significará un número tremendamente incrementado de pacientes y lamentablemente menores posibilidades de atención. Los hospitales del Minsa están desabastecidos en material médico, guantes, gasas, instrumental, medicinas. Afrontan tan grave situación desde el gobierno anterior, pero los médicos que en su momento reclamaron han sido silenciados. Y hasta los directores de los hospitales habrían firmado un documento que les impide denunciar ante la prensa tan clamorosa carencia. El muy importante Hospital Loayza tiene una emergencia saturada y tugurizada, que es la sucursal del infierno. No puede recibir un paciente más. Pero podría ser ampliada si le dan en alquiler el local adyacente de la antigua Escuela de Enfermeras, desocupado, cuya propiedad es de la Beneficencia de Lima dentro del Municipio Metropolitano. Le toca al alcalde Castañeda ordenar que se proceda al alquiler, ya autorizado por el Minsa. Sin dudas, ni tiempo para perder. Demasiados pacientes tocan a la puerta y toda inacción es punible. La obligación de salvar vidas manda.