La última encuesta de CPI es lapidaria para el presidente Ollanta Humala. No solo por el 23.5% de aprobación a nivel nacional, sino principalmente por el poco respaldo (18.9%) en el interior del país. Es evidente que el conflicto social por el proyecto minero Tía María le generó más cuestionamientos al jefe de Estado, pero también se suma la inseguridad ciudadana. El 57.3% de peruanos dice que el aumento de la delincuencia es el principal problema del Gobierno.

Ante estos problemas puntuales, el Presidente parece haberse quedado paralizado, y eso, de cara a la opinión pública, es dar una imagen de una falta de rapidez y de respuesta muy grande ante las demandas de la gente para tener una vida sin apremios en cuanto a seguridad.

Ollanta Humala encarnó el orden y la mano dura contra la delincuencia. El problema es que fue un político prometedor más por lo que podría llegar a ser que por lo que realmente era. La realidad degradó sus clichés de campaña y lo único que se vio fue una identidad política débil, vacilante y ganándose la desconfianza de la población y también de los inversores.

La nota que le da la gente al gobierno de Ollanta Humala es de 8.5, en una escala del 0 al 20. Es evidente que esta calificación demuestra que la población no ve a un líder con voz precisa para convencer y resolver problemas. Solo se percibe un Mandatario sin reflejos y trasuntando pasividad ante las crisis, como la ocurrida en Arequipa, perdiendo la ocasión de hacer coincidir el afán de los peruanos por el desarrollo con la inversión de la empresa privada.