El allanamiento de tres inmuebles vinculados al gobernador regional del Callao, Félix Moreno, ha puesto en una situación límite al Ministerio Público. Hay varias aristas para el análisis de este caso, más allá de la masiva percepción pública de que Moreno es un corrupto. 

La principal tiene que ver con el momento actual del convenio de cooperación de Odebrecht con la Fiscalía, el cual ha entrado a un terreno pantanoso. Los indicios apuntan a que la empresa brasileña está reculando en el negocio de brindar información a cambio de mantener gran parte de sus operaciones en el país. Sus razones tendrían que ver con un sesgo marcado de la procuraduría ad hoc por llevar la guerra al aspecto económico (es su chamba) y asfixiar a la compañía de Barata a límites de muerte progresiva. 

El Gobierno también ha hecho lo suyo con el Decreto de Urgencia 03-2017 y ha hecho llegar a la opinión pública el mensaje de que Odebrecht agoniza, y que más temprano que tarde habrá de liar bártulos e irse. Odebrecht, entendiendo que no tiene mucho que ganar, apuesta por el silencio a sabiendas de que la mochila la carga la Fiscalía. ¿Y ahora? El caso Félix Moreno obliga al MP a solicitar la prisión preventiva con lo que tiene (esto debe suceder hoy, si no se solicitó anoche), pues de lo contrario su imagen se deterioraría más. Juega con fuego. 

Del otro lado, dejar al líder de Chim Pum Callao con comparecencia ahondaría la idea de tiburones sueltos en un mar de tilapias detenidas. Y lo peor: la sensación de que el convenio de la Fiscalía está haciendo más agua que los huaicos.