En los últimos diez años ha habido un incremento creciente de los montos globales y per cápita del presupuesto del sector Educación. Pero el aumento con respecto al Producto Bruto Interno (PBI) es muy bajo (3% promedio de Presupuesto Inicial de Apertura (PIA)), lo cual amerita urgentemente una voluntad política sostenida para llegar a la brevedad al 6% del PBI como lo establecen la Ley General de Educación y el Acuerdo Nacional. Hay que reconocer que este año el PIA es el 3.5% y el 2016 sería del 3.85% respecto al PBI.

Sí bien se ha reformado el diseño de los programas institucionales del Ministerio de Educación mediante la herramienta de Presupuesto Por Resultados (PPR), su nivel de ejecución es débil, entre otras razones, porque se sigue haciendo con normas y procedimientos tradicionales que traban la calidad del gasto público en un periodo fiscal de alrededor de 10 meses que no le da viabilidad suficiente al sector. Por lo tanto, debe haber una reforma integral de la gestión generando cambios para una eficaz y transparente ejecución del presupuesto con un período fiscal bianual para el sector.

De este modo, el Ministerio de Educación, dado los procesos largos para la adquisición de bienes y servicios el Estado, estará en mejores condiciones de dotar oportunamente de infraestructura y espacios pedagógicos, equipamiento, materiales educativos y textos a las instituciones de enseñanza para mejorar la calidad y equidad educativa. Claro está que para el efecto la gestión institucional y administrativa debe asumir proactivamente (no siempre es así) las altas prioridades de la gestión pedagógica.