Con el pedido de prisión preventiva realizado por el Ministerio Público en contra del expresidente Alejandro Toledo por las presuntas coimas recibidas de la constructora Odebrecht, el Perú ha recibido un muy duro golpe, pues más allá de la persona en sí que en breve podría quedar tras las rejas, el procesado en algún momento ha sido mandatario por voluntad popular y ha personificado a la Nación, tal como indica la Constitución.

La solicitud del fiscal Hamilton Castro, basada en las evidencias hechas públicas en estos días, implica un lamentable golpe a la institución de la Presidencia de la República del Perú. Sin embargo, la justicia tiene que actuar más allá del sentimiento que pueda embargar a los peruanos al descubrir que en el año 2001 llevamos a Palacio de Gobierno a quien habría recibido 20 millones de dólares de coima por una obra de infraestructura.

El expresidente Toledo debería ser el primer interesado en volver al Perú a dar la cara.

No obstante, es de esperarse que su argumento de defensa sea técnico y basado en el derecho, mas no en frases hechas como la de que es víctima de “persecución política”, pues queda claro que las cuentas bancarias descubiertas hablan por sí solas y lo ponen contra las cuerdas.

Su situación jurídica es muy delicada, y por el bien del país que un día creyó en él, ojalá que no tengamos que ver endebles alegatos como los difundidos en los últimos días, basados en lamentos y hasta en amenazas como las lanzadas por la ex primera dama Eliane Karp.

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