Todo poder viene del pueblo y quienes lo ejercen deben de tener algún tipo de contacto con él o con sus voceros. El contacto suficiente para hacer que esa vinculación no resulte quimérica y que tranquilice a la sociedad por lo menos en cuanto a ser escuchados por las autoridades que en su nombre ejercen cualquier poder.

Si eso es importante cuando se trata de política general, es indispensable cuando se trata de asuntos jurisdiccionales.

Lamentablemente, en el Tribunal Constitucional, y lo digo con el mayor respeto y aprecio por los magistrados, se ha impuesto por el nuevo colegiado una política de casi no recibir a los justiciables o a sus abogados.

Se parte para esto de que todo está dicho por escrito y que los magistrados revisarán el expediente, con lo cual es ociosa la entrevista. Eso no pasa de ser una verdad formal. Los magistrados no revisan ni todo el expediente ni todos los expedientes. Normalmente, uno de sus asistentes lo hace.

Al enfrentarse por primera vez con el caso y tener una ruma por resolver, es grande la tentación de pasar rápido las páginas y no ver precisamente los detalles que resultan esenciales para la justicia.

La visita del abogado o de la parte puntualiza al magistrado tópicos que se espera sean vistos antes de que preparen cualquier proyecto quienes, además, jamás van a escuchar a las partes, porque los asistentes no van a las audiencias. Por ello, es preciso que se restablezca este derecho de los justiciables y cumplan con este deber los magistrados.

El PJ ya rectificó en parte. Es preciso ahora que el TC no cercene este derecho. La justicia constitucional no se imparte sobre presunciones formales, como lo señalara John Selden hace más de 300 años.