Aunque el funcionario público siempre tiene que ser escudriñado por la opinión pública y sometido al procedimiento de justicia si así se le requiriere, el trance que está atravesando el país con la cantidad de políticos denunciados, investigados y hasta prófugos nos pinta un panorama sombrío sobre la conexión entre la ciudadanía y la política.

Cuando el partido de Pedro Pablo Kuczynski asumió la administración del Estado, había una cierta sensación de reconciliación entre el público y su clase política. El escaso margen con que doblegó a los simpatizantes de Fuerza Popular le daba un respiro. Eran tiempos de reflexión sobre nuestra clase política, crispada por la pasada campaña electoral.

Sin embargo, cuando se habla de política, no solo se menciona a quienes nos gobiernan, sino a quienes han gobernado o intentan lograrlo. Es así como tenemos un desencanto mayoritario por estos políticos, entre ellos el prófugo Alejandro Toledo, los procesados Ollanta Humala y Nadine Heredia y los acusados como Alan García y Keiko Fujimori. Nada menos que cabezas de lista de los principales partidos políticos del país.

También tenemos a una izquierda peliaguda, que no logra articular un partido democrático, sino que lo hace en base a nombres también bajo sospecha. Ahí está la lideresa Verónika Mendoza y su participación como militante activa y cercana de la pareja Humala-Heredia, hoy con algunas restricciones por orden judicial.

A un poco más de seis meses del inicio de la nueva gestión gubernamental, la clase política ha intensificado su crisis de conexión con el ciudadano de a pie y le ha puesto en agenda su lado más nefasto, la corrupción. Atrás quedaron los tiempos en que el peruano comentaba los planes para ejecutar reformas de Estado, la lucha contra la inseguridad ciudadana, la recuperación de la economía y el tránsito para convertirnos en ciudadanos de un nuevo país. Ojalá esto cambie para bien.

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