Es reconfortante para el país que el propio ministro de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Adrianzén, se muestre tan entusiasta y hasta militante de la defensa jurídica de los comandos que lograron la liberación de los terroristas que tuvieron cautivas a 72 personas durante 127 días en la casa del embajador japonés en Lima, lo cual debería ser visto por las ONG que hacen negocios con estos temas como una señal de que el Estado no les va a dejar pasar tan fácilmente, ni acá ni en el exterior.

Ayer, mientras elaborábamos la edición de la revista Correo Semanal que sale mañana jueves, leía una entrevista que hicimos al excanciller Francisco Tudela, quien vivió cuatro meses sometido a ensayos de ejecución por parte de Néstor Cerpa y los 13 asesinos que lo acompañaban, quienes, como lo señala el propio ministro Adrianzén, murieron en un enfrentamiento armado que ellos mismos provocaron y que fue llevado a cabo ejemplarmente por un Estado en legítima defensa del orden y la ley.

Son 18 años los que han pasado desde la liberación de los cautivos sometidos con cañones de fusil en sus cabezas, y es inconcebible que por acción de ciertos mercaderes de la “defensa de los derechos humanos” se siga acosando al sistema judicial de un país soberano que hace tiempo exculpó a los militares. Lo que se busca, sin duda, es traerse abajo la resolución de la Justicia Militar que sobreseyó el caso, y volver a poner a los comandos en el banquillo, pero esta vez en el fuero civil.

Tengamos en cuenta que estos mercaderes no solo se dedican a acosar comandos, sino también a hacerle juicios al Estado para que pague reparaciones civiles a asesinos. Parece que esta gente no acepta que el terrorismo fue derrotado por todos los peruanos -especialmente por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los valerosos y poco reconocidos ronderos, que con armamento casi de juguete expulsaron del campo a las hordas de Abimael Guzmán-, y no quieren irse con las manos vacías.

Las autoridades del Ejecutivo deben de seguir apoyando con todo a los comandos de la “Patrulla Tenaz”, nombre original del grupo que ejecutó la operación Chavín de Huántar, y evitar que algunas ONG, entre ellas una que pidió retirar al MRTA de la lista de terroristas elaborada por Unión Europea, se salga con la suya. Son 18 años y es momento de que se le ponga el alto a esta gente sin escrúpulos, que ya debería buscarse otro modo de ganarse la vida.