Si alguien en el Perú, especialmente entre la gente del Frente Amplio y sus seguidores, tenía dudas sobre cómo el agónico chavismo busca imponerse en Venezuela, pues ahí tiene las imágenes de esa turba que el miércoles ingresó a lo bestia al Parlamento de ese país, controlado por la oposición, para agredir a palazos, puñetes y patadas a diputados y periodistas, además de cometer robos y otros actos vandálicos.

En medio de todo ese desmadre que vive Venezuela, a los peruanos nos queda el pequeñísimo consuelo de que el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski retiró hace varios meses a nuestro embajador en Caracas y el miércoles mismo el propio jefe de Estado condenó estos actos de violencia. Sería una vergüenza que nuestro país siga teniendo un representante en una nación manejada a las patadas por las botas de Nicolás Maduro, heredadas de su mentor Hugo Chávez.

Es una lástima que la muy digna postura peruana no pueda ir más allá, ante la debilidad de órganos multilaterales como la OEA y Unasur, pues la mayoría de países que los integran siguen adictos al chavismo y alejados de la democracia y la defensa de los derechos humanos. Además, por más que se haga afuera, la dictadura de Maduro se mantiene a través de la fuerza bruta y la toma de las instituciones.

La desesperación del régimen de Maduro está llegando a límites inaceptables para cualquier democracia, al extremo que el gobierno peruano debería evaluar la pertinencia de mantener en Lima al embajador chavista, el mismo que vimos el miércoles último en la Plaza Bolívar al lado de los inclasificables congresistas del Frente Amplio. ¿No sería mejor pedir su retiro hasta que vuelva el Estado de Derecho y la legalidad a su país a través de elecciones limpias?

El chavismo ha actuado como suelen hacerlo las dictaduras: mediante el envío de turbas de “espontáneos” a agredir a los opositores y los incómodos. La mejor muestra es que el propio Maduro ha tenido el descaro de condenar el ataque chavista al Parlamento de su país, algo que el Perú ha rechazado como debería hacerlo cualquier democracia ante un gobierno ilegal, sea de izquierda, de derecha o de lo que sea.