La huelga magisterial -al cierre de esta columna- no ha sido solucionada todavía. Lo que se inició hace 68 días en el Cusco, como una medida de fuerza gremial del Sutep regional, escaló a nivel nacional hasta llegar el jueves pasado a ribetes intolerables de violencia en la capital, lo que puso en peligro la vida de maestros, policías y transeúntes, con el riesgo inminente de alterar gravemente la paz social del país.

Ya nadie duda de que el responsable de que se llegara a estos extremos no es otro que el Gobierno, en sus niveles ministerial y presidencial, al no haber afrontado de forma oportuna las demandas reivindicativas exigidas por el magisterio, las que finalmente fueron acogidas en el D.U. 011-2017 -recién publicado el jueves 24 de agosto-, pero que, sin embargo, ya no bastaron para convencer a los profesores de levantar la huelga.

Pero ¿no fue acaso aquello a lo que se obligó PPK como candidato presidencial con el Sutep, la FEP y el Colegio de Profesores del Perú en el acta de compromiso suscrita el 30 de mayo de 2016 denominada “Todos por una mejor educación”? ¿Por qué tuvo que esperar a que los maestros iniciaran la medida de fuerza, primero en el Cusco y luego en todo el país? ¿Se olvidó de su compromiso de campaña con el magisterio, así como se olvidó de luchar contra la corrupción?

Lo que inició como una lucha gremial se ha tornado en una confrontación política del Estado peruano contra el Movadef -órgano de fachada de SL-, que ha aprovechado de modo oportunista el accionar sindical magisterial para cooptar su dirigencia. De nada le servirá al Gobierno pretender atribuir a Fuerza Popular la responsabilidad de esta lamentable huelga. Corresponde al Gobierno, y solo a él, solucionarla.