Infraestructura y Desarrollo

Uno de los mayores problemas que enfrenta el gobierno del presidente Kuczynski es cómo lograr cerrar la brecha en infraestructura existente. La Contraloría ha identificado que esta, para los sectores salud, educación, transporte y saneamiento, es de S/280 mil millones. Mientras que un estudio de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico hecho para AFIN estima que la brecha de infraestructura hasta el 2025 asciende a $160,000 millones. El Foro Económico Global la considera como el tercer principal lastre de la competitividad, después de la ineficiente burocracia estatal y las restrictivas regulaciones laborales. ¿Qué significa esto? Que el 97% de los hogares en Pasco tiene inadecuada calidad de agua, 93% en Ucayali, 90% en Amazonas y 87% en La Libertad. Solo el 41% de los colegios públicos a nivel nacional tiene servicios básicos (luz, agua y saneamiento). A nivel rural solo llega al 24%. El 92% de los colegios públicos en Loreto no cuenta con ellos, 89% en Ucayali, 80% en Madre de Dios. El 90% de la red vial departamental, aquella que conecta las capitales regionales con las de provincias, aún no ha sido pavimentada. Y después preguntamos por qué ocurren conflictos sociales al interior del país.

Esto es producto de la incapacidad de los gobiernos locales para administrar eficientemente sus recursos. Además de la dejadez de gobiernos anteriores, que en lugar de buscar soluciones sostenían que ello no era de su competencia. Es producto, además, de una descentralización mal diseñada e implementada. En una entrevista reciente en Canal N, el ministro de Vivienda, Edmer Trujillo, señaló que en los últimos cinco años se invirtió S/25 mil millones en proyectos de agua y saneamiento que hoy no funcionan, sea porque se paralizaron o porque están deterioradas por falta de operación y mantenimiento. La Contraloría ha identificado que el 36% del presupuesto destinado a inversiones se asigna a través de la contratación directa. Esto es, a dedo. Mecanismo que facilita la corrupción y asigna recursos de manera ineficiente. El Gobierno propone promover la inversión en infraestructura como un instrumento crítico para reactivar la economía en el corto plazo y mejorar la competitividad en el mediano plazo. Se planea movilizar inversiones por $70,000 millones hasta el 2021, sin duda ello requerirá un esfuerzo significativo y la cooperación del sector privado. El Estado necesita implementar mecanismos de buen gobierno, transparencia y rendición de cuentas. Necesitamos funcionarios públicos de muy alto nivel, expertos en gestión pública y bien pagados, dedicados a licitar la gestión privada de concursos públicos.