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El Seguro Integral de Salud (SIS) es solo una parte podrida del aparato social peruano -llámense funcionarios y usuarios-, pero no por eso vamos a satanizar al producto que tiene fines sociales para la gente que en realidad necesita atención a bajo costo. Sin embargo, evidencia una fuga del dinero público. Pasa algo parecido en algunas pensiones para los familiares de trabajadores fallecidos, por ejemplo.

Las sorpresas en las planillas del SIS -con personas que tienen recursos económicos y hasta presos- involucran no solo a quienes se encuentran favorecidas sin merecerlo sino, también, a quienes permiten este aprovechamiento. De igual manera ocurre con las pensiones que debieran ser mejor controladas para beneficiar a la gente que en realidad las necesita y no a quienes hacen caja con dicho dinero.

Hace poco conocí a una señora que reclamaba unos beneficios adquiridos por su padre como trabajador de una empresa pública. Su progenitor había fallecido y ella había logrado por ley que le entreguen una pensión al ser en aquella época una mujer soltera, sin empleo y menos hijos. Pasaron años y su condición dio un giro de 180 grados. ¿Cómo? Veamos.

En este caso, tengo conocimiento que la ley le impide percibir una pensión si es que su condición de soltera, sin empleo ni hijos, cambia. Es decir, el Estado debe dejar de mantenerla. ¿Pero cómo se da cuenta de esto si la beneficiaria no informa al respecto? Salvo que perciba otra remuneración estatal, sino, no hay manera de saberlo, salvo que aflore la honestidad de la persona.

No estoy en contra de las acciones legales para percibir una pensión (ojo, tampoco estoy hablando de viudez) porque es un derecho adquirido, pero el Estado debe revisar si es que esa cañería de dinero está goteando fuera del recipiente del sediento y si es que de verdad la pensión sirve para subsistir (hay subvenciones de 300 soles al mes), porque se conoce que hasta los muertos dejan su lápida y salen a cobrar puntualmente.