La inseguridad ciudadana: balance y expectativas

El ministro del Interior de PPK, Carlos Basombrío, acaba de asumir una responsabilidad que debemos reconocer en las actuales circunstancias: el compromiso de luchar sin cuartel contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado, principal demanda de los peruanos. Para corroborar esta aseveración, basta con citar el reciente sondeo de Ipsos, donde el 76% de los peruanos señala que en cinco años de gobierno humalista, la delincuencia se incrementó y no pudo ser controlada, percepción corroborada por datos que sobre victimización nos brinda el último reporte del Latinobarómetro, uno de los principales referentes de estudios comparados de opinión pública en América Latina.

El último informe de dicha entidad, en la parte relacionada a la delincuencia y victimización, revela respecto al Perú que en el quinquenio humalista, la victimización representa 51%, mientras el año 2010, el informe de Latinobarómetro 1995-2011 muestra que la victimización se redujo a 29%.

Penoso resultado. El avance de este flagelo durante el gobierno que termina y su recurrente ineficiencia para enfrentarlo han originado no solo una percepción, sino el convencimiento en todos los sectores de la población de que es prácticamente imposible librarse de la delincuencia.

El régimen humalista en materia de seguridad no desarrolló una política pública eficaz para combatir la delincuencia. Su primer titular en la cartera del Interior, el año 2011, por ejemplo, dispuso la reducción de 25 a 2 unidades ejecutoras presupuestales en la PNP, generando un problema en el abastecimiento logístico a nivel regional y obligando a comprar en Lima un simple repuesto para un patrullero de provincias. Asimismo, el incremento de los índices sobre inseguridad ciudadana tiene en gran parte su explicación en los errores cometidos desde el inicio de esta gestión, tales como: 1. El descabezamiento inicial de la PNP con el pase al retiro de 29 generales, lo que afectó la cadena de mando y la especialización; 2. Con la poda institucional se pasó al retiro a oficiales capacitados en Scotland Yard y el FBI, por eso hubo menos cuadros en la Dirección de Investigación Criminal de la PNP; 3. Se adoptó una estructura organizativa militarizada para la PNP (generales en macrorregiones y coroneles mandando coroneles en las regiones); y 4. Burocratización operativa de la institución policial (18 direcciones ejecutivas operativas y administrativas), entre otros aspectos.

Lo paradójico es que el número de generales de la PNP se incrementó a 86 al final el gobierno de Ollanta Humala.

De otro lado, el plan de gobierno de Peruanos Por el Kambio, antes que la implementación de una política pública contra la delincuencia, propone la aplicación de reformas basadas en diagnósticos muy genéricos que, tras la designación de Basombrío, como titular del Interior, han devenido en anuncios de medidas aisladas (reducción del número de generales en actividad, la construcción de más comisarías o la implementación del plan “Barrio Seguro”, etc.).

¿Las autoridades estatales no pueden enfrentar la inseguridad ciudadana y por lo tanto las víctimas o potenciales víctimas deben de defenderse por su cuenta? Creemos que no.

La lucha contra la delincuencia, desde el ámbito estructural, comprende varios aspectos: el político, el social, el legal, el tecnológico, el económico, el medioambiental, el de los operadores de justicia y, por supuesto, el de los procesos internos institucionales en la PNP.

En lo inmediato, si la Policía no retoma las calles y los índices de criminalidad no disminuyen, podría devenir una nueva decepción de la población, un acelerado desgaste del régimen y el círculo vicioso del desgobierno. No podremos esperar cinco años más a vislumbrar un nuevo plan de gobierno que probablemente no aporte más que nuevas miradas coyunturales.