El año pasado, este diario publicó la posición del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas sobre el apoyo de sus miembros en la seguridad interna del país si es que el Gobierno lo demandaba. No era descabellado pensar que por el bienestar de las mayorías, la Policía reciba un espaldarazo militar con el objetivo de mantener el control y orden interno. ¿Se puede aplicar la misma medida para combatir la delincuencia común?

Ayer el Gobierno tomó la decisión de ordenar a las Fuerzas Armadas que brinden apoyo a la Policía en siete regiones del país: Ayacucho, Apurímac, Cajamarca, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna, precisamente donde se cocinan los disturbios antimineros, los mismos que organizaba en libertad Pepe Julio Gutiérrez, actualmente con prisión preventiva.

La medida rige desde hoy hasta el 24 de junio, un tiempo en el que el Gobierno debe tratar de resolver los conflictos internos en la zona sur del país, donde se vienen planificando revueltas que no solo afectan al Ejecutivo sino, también, a los pobladores que desean continuar con sus labores cotidianas sin el temor a toparse con una violenta movilización.

¿Y la delincuencia común? Hay otras regiones del país en las que su mayor problema es la inseguridad ciudadana, por lo que tampoco debe ser una idea jalada de los cabellos analizar el posible apoyo de las Fuerzas Armadas para la reducción de la ola criminal. Porque, según las cifras, el sistema de seguridad viene fracasando y a la Policía se le está escapando de las manos el sicariato y la extorsión.

Esperamos que por el bien del país, así como ha tomado la decisión de dar luz verde a la intervención de las Fuerzas Armadas, el Gobierno decida de una buena vez frenar todo avance del hampa, aplicando las leyes que le asisten y utilizando todos los instrumentos que posee. En el Perú no se puede continuar cediendo terreno.