Mucho cuidado con que ante la debilidad de las instituciones y la legalidad, se pretenda imponer la ley de la turba, esa que hemos visto desde hace varias semanas lanzando piedras y palos contra la Policía en la zona sur del país, o ayer en la Tablada de Lurín, invadiendo un terreno intangible simplemente porque se les ocurrió aplicando, por más necesitados que estén, la lógica de que “mañana si quiero me meto a tu casa con mi colchón porque no tengo dónde vivir”.

Lamentablemente, la turba tiende a imponerse en un país que quiere ser del “primer mundo”, pero al que en realidad le falta mucho. Cómo ser serios si hemos tenido tres muertos en Tía María, entre ellos un policía masacrado, y no hay un solo detenido; y si los autores intelectuales de este desmadre son considerados “dirigentes políticos” y no delincuentes que deberían estar tras las rejas junto con todos los asesinos, “huaraqueros” y tirapiedras que manejan.

Cómo decir que acá rige la legalidad y que vamos hacia arriba con país serio, si el tal Pepe Julio Gutiérrez, el hombre de Tierra y Libertad que pasará a la historia por exigir sus “lentejas” a cambio de poner fin a los desmanes en el sur del país, está por salir en libertad de la mano de una jueza de por ahí. Recordemos que este caballero ya tiene una sentencia por bloquear carreteras, una acción que implica pena de cárcel efectiva, según el Código Penal que siempre parece estar en el olvido.

Ayer hemos amanecido con un nuevo intento de la turba de imponer “su ley”. Se trata de gente que al sur de Lima tomó posesión de un terreno intangible, atacó a la Policía en medio de su acción por desalojarlos y también la emprendió contra la prensa. No poner mano dura y no aplicar la ley contra este tipo de acciones, por más que reclamen esos que hablan de “defensa de los derechos humanos”, sentaría un grave y nefasto precedente.

Las leyes están hechas para ser cumplidas por todos. Que un proyecto minero como Tía María puede ser mejorado, es cierto; que hay necesidad de vivienda en sectores populares, también es cierto. No obstante, eso no puede ser argumento para enfrentarse al Estado con piedras y palos, o para ocupar terrenos declarados intangibles. Las autoridades están para hacer cumplir las normas y los ciudadanos para exigir que las hagan respetar.