Mientras para la justicia estadounidense el calvario judicial de Odebrecht concluyó con una multa de $2600 millones (la sacó barata, pues la cifra inicial ascendía a $4500 millones), para la justicia peruana su caso sigue siendo un enigma envuelto en un dilema del que, me temo, poco o nada obtendremos finalmente los peruanos.

Odebrecht enfrenta dos grandes procesos, con Brasil por el caso “Lava Jato” y con EE.UU. por el pago de sobornos relacionados con más de 100 proyectos en una docena de países de África y Sudamérica, incluido el Perú.

La estrategia legal de Odebrecht ha sido distinta para cada país. Con EE.UU. ha sido colaborativa y aceptó haber pagado entre 2001 y 2016 la suma de $788 millones en sobornos, lo que a la postre le ha significado la cuantiosa rebaja en la multa impuesta.

Con Brasil “cantó otra canción”, reconociendo haber realizado pagos ilícitos entre 2006 y 2014 por $3390 millones; proporcionó los nombres de una lista larga de políticos brasileños y dio detalles del financiamiento clandestino de campañas electorales. A cambio, lo dejarán seguir operando empresarialmente en dicho país.

¿Y en el Perú? Delató al expresidente Toledo por la Interoceánica, de la que ya no podía obtener ningún beneficio, y suscribió un preacuerdo con el MP que nadie conoce, pero no ha proporcionado ninguna información relevante adicional que incrimine a más “peces gordos”. El Gobierno le impidió la libre transferencia de activos valiosos y congeló sus actividades empresariales con el D.U. 003-2017. Sin incentivos, Brasil suspenderá la entrega de información prevista para junio de este año. ¿Se impondrá otra vez la impunidad?