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Coincido con el presidente Ollanta Humala cuando señala que las medidas restrictivas solicitadas por el Ministerio Público contra su esposa Nadine Heredia por un caso de presunto lavado de activos dañan la imagen del Perú en el exterior. Qué duda cabe. Sin embargo, peor hubiéramos quedado frente a los ojos del mundo si ante los indicios mostrados por la prensa que luego fueron investigados por los fiscales, acá no hubiera pasado nada.

Además, ya bastante dañado está nuestro rostro como país al tener a la esposa del Mandatario en funciones inmersa en temas judiciales, más aún cuando la llamada “pareja presidencial” llegó al poder hace cinco años supuestamente para lavarle la cara a la forma de administrar un país y sepultar las mañas de esos “políticos tradicionales” con sus taras del pasado, que se supone fueron derrotados en 2011 bajo el eslogan de la honestidad que hace la diferencia.

Es comprensible que el Mandatario y su esposa reclamen por la investigación dispuesta y por la solicitud de impedimento de salida del país para la señora. No obstante, acá hay mucho por explicar sobre movimientos bancarios, presuntos aportes de campaña, gastos con tarjetas de crédito dudosas, anotaciones sobre alucinantes cantidades de dinero en agendas negadas y luego aceptadas como propias, y nexos con personajes cuestionados como Martín Belaunde Lossio.

Ojalá que en lo queda de su mandato, el presidente Humala tome con calma y altura las investigaciones del Ministerio Público y el trabajo del Poder Judicial si es que el caso llega a sus manos, a fin de no tener que ser testigos de espectáculos lamentables como el del 26 de febrero de 2015, cuando el jefe de Estado llamó públicamente “loco” al fiscal a cargo, para luego indicar que su trabajo era un “mamarracho” y una “salvajada jurídica”.

Si siempre ha caminado derecho, con la investigación abierta por el Ministerio Público la señora Heredia tiene una gran oportunidad de aclarar las cosas y obtener un certificado de buena conducta, así como demostrar que ha sido víctima de una vil persecución política. En caso contrario, si le resulta imposible sostener que todo el dinero de su partido y de su familia es de origen limpio, la justicia tendrá que actuar demostrando que todos somos iguales ante la ley.

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