​La privatización del Estado

Luego del primer escándalo de corrupción, el presidente Kuczynski decidió formar el Consejo de Estado con la participación de los tres poderes del Estado. La iniciativa puede ser buena, pero bien podría convertirse en un saludo a la bandera si es que no se diseña una estrategia integral que adopte medidas que busquen romper con los sistemas de corrupción existentes tanto en el Estado como en las empresas privadas. Porque lo cierto es que para que haya un funcionario corrupto, tiene que haber alguien que lo corrompa. Y que se beneficie con ello.

Dentro de los mecanismos de buen gobierno que caracterizan a los países desarrollados y que son necesarios para la gobernabilidad, la estabilidad y lograr acabar con la corrupción se encuentran la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas. En el Perú, esto rara vez ocurre.

En marzo del 2012, se incendió un almacén del Ministerio de Educación. Ahí se perdió material educativo, incluyendo miles de laptops del programa Una Laptop por niño. Hasta hoy nada sabemos. ¿Qué pasó con el caso de López Meneses, el de Martín Belaunde, o el de Ecoteva? Los ciudadanos no tenemos respuestas. Pero tampoco las exigimos, porque somos buenos para indignarnos en el momento, pero pronto olvidamos.

Sabemos bien que intereses mercantilistas buscan capturar las rentas del Estado para enriquecerse. Cuando el Estado es capturado por grupos de interés ajenos a los intereses públicos y el bien común, el país y los ciudadanos pierden. Esto es lo que la izquierda llama la privatización del Estado.

Un ejemplo es el caso del asesor presidencial Carlos Moreno, quien pretendía usar su cercanía al Presidente para hacer un negociazo a cuenta del SIS y de los peruanos más pobres. Moreno no es el único. La corrupción en el Perú es endémica y en las entidades del Estado es palpable. Los ministerios y los gobiernos subnacionales están plagados de funcionarios que imponen “tasas” para otorgar autorizaciones. Y ni le cuento lo que sucede en las oficinas encargadas de las compras del Estado.

La corrupción afecta a todos los peruanos porque impide el correcto uso de los recursos del Estado. La diferencia entre un país desarrollado y uno en desarrollo es que en el primero todos los ciudadanos tienen igual acceso a las instituciones políticas y económicas. Mientras que en el segundo son los grupos de interés los que capturan dichas instituciones para su beneficio y en perjuicio de los demás.