La protesta es uno de los derechos colectivos amparados, incluso en el ámbito internacional. En el Perú de hoy se respeta que la multitud proteste de manera pacífica contra lo que considera un abuso del Estado. Sin embargo, la manifestación por el peaje de Puente Piedra crea -mejor dicho, fortifica- un precedente funesto para el país: 55 detenidos por vandalismo, 55 liberados por mala acusación. Nadie es responsable.

No podemos dejar de reaccionar frente a la actitud de nuestro sistema legal. El Poder Judicial libera a quienes hemos podido ver tomando la carretera, lanzando piedras, palos y todo lo que tenían en sus manos, porque la acusación del Ministerio Público no corresponde al tipo de delito (contra la tranquilidad pública y disturbios). Es decir, no hay un amparo constitucional del libre tránsito y el orden social. Aquí no pasó nada.

Felizmente, en dicha protesta no pasó una desgracia como la pérdida de un ser humano. Pero ¿se hubiera dado el mismo fallo si es que la queja se desbordaba con una subsecuente muerte? Porque, valgan verdades, el vandalismo en Puente Piedra no puede ser pasado por agua caliente, peor aún si el mismo ministro del Interior, Carlos Basombrío, coincidió con Correo al decir que en la manifestación hubo infiltrados de sendero y la izquierda.

Mañana más tarde, otro grupo de vándalos toma cualquier avenida, quema garitas de control, lanza bombas molotov, pero nuestro sistema legal lo recompensa con la libertad. Creemos que el actuar de fiscales y jueces en este tipo de casos debe ser implacable, para que a la autoridad se le respete y no se vea un Estado débil frente a cualquier expresión social.

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