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El Perú habrá dado un gran paso para adecentar la política y mejorar su calidad una vez que realmente se obligue a las agrupaciones políticas a reportar el origen de los fondos que reciben, especialmente en tiempos de campaña, y se haga responsable penalmente a quienes omitan información, tal como sucede hoy, en que en los listados se incluyen aportantes “fantasmas”, algunos de los cuales en realidad no ganan más que un sueldo mínimo o lo básico para vivir y pagar deudas.

Luego de cada elección, los peruanos solemos escandalizarnos de que los aportes de campaña declarados por las agrupaciones ante la autoridad competente no cuadran. Es ahí cuando aparecen las bien fundamentadas sospechas, en el sentido de que la plata vino del narcotráfico, de la minería ilegal, de las constructoras interesadas en ganar licitaciones, de los venezolanos interesados en implantar acá su fracasado “socialismo del siglo XXI” y demás.

Tengamos en cuenta que en estos tiempos ya no existen los “mecenas” ni la gente “desinteresada” que se meta la mano al bolsillo para sacar plata y financiar a agrupaciones políticas a fin de “fortalecer la democracia” u otras causas nobles. Hoy se hace buscando un beneficio, no necesariamente sano. Ahí está el caso de los mineros ilegales que entregaron dinero a los nacionalistas en la campaña de 2011 y hasta lograron tener un “representante” en el Congreso.

Hoy solo existen sanciones económicas para las agrupaciones políticas que no declaran adecuadamente sus ingresos ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Sin embargo, en la práctica nunca pagan porque los partidos o similares no cuentan ni con patrimonio. Así que si no cuadran los gastos con los ingresos porque entró “plata negra” de por ahí, no pasará nada. Todo quedará en el más grande olvido. Son nuestras leyes.

Un país que se precie de ser serio no puede tener a la autoridad, y a la política en general, siempre bajo la sospecha de estar financiada por actividades al margen de la ley, por la imposibilidad de conocer el origen de la plata que ingresa a las agrupaciones y a sus campañas. ¿El actual Congreso actuará igual que los anteriores, en el sentido de no querer dar normas que permitan el control de los ingresos, para así no afectar el dinero que le cae? Ojalá que no.