La seguridad ciudadana y el gobierno de Gana Perú

D"¿Ha sido usted o algún pariente asaltado, agredido, o víctima de un delito en los últimos doce meses?" La respuesta a esta pregunta la proporciona desde 1995 Latinobarómetro tanto para América Latina como para el Perú.

Al respecto, dicha institución revela, respecto a nuestro país, que los hechos delictivos en contra de sus ciudadanos mostraron una reducción significativa. Mientras en el año 2005, el 47% de los peruanos declaró haber sido víctima de un delito; el año 2010, solo lo hizo el 29%. Sin embargo, cuando llega al gobierno el presidente Ollanta Humala, se produce un brusco rebrote, registrado por la encuestadora de la Universidad Católica, por encargo de Ciudad Nuestra, organización que lidera el exministro Gino Costa, la cual informa en dos encuestas anuales que la victimización por hogares se incrementó en 42.2% el año 2011; y 43.2, el año 2012.

¿Qué pasó? Uno de los factores que posibilitó la elección del presidente Ollanta Humala fue el compromiso de liderar la seguridad ciudadana, para tal efecto, más allá de presidir inicialmente el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, apoyar una militarizada reforma policial y de tener cuatro ministros del Interior en menos de dos años, no hay avances. Al revés, se ha reducido, por ejemplo, el presupuesto asignado al sector Interior para el año 2013 con respecto al año anterior en aproximadamente S/.1300 millones menos para enfrentar a la delincuencia.

Si algo reclama la ciudadanía con relación a la seguridad ciudadana, así lo revelan las encuestas respecto a la gestión presidencial, es la eficacia para enfrentar a la delincuencia, lo que pasa por la adopción de medidas que trasciendan la coyuntura.

Para tal efecto, debemos ponernos de acuerdo institucionalmente para convertir la seguridad ciudadana en una política de Estado que se cumpla y trascienda a los gobiernos, por ejemplo, habría que tomar en consideración los siguientes aspectos: No hace falta muchas leyes, hay que legislar poco pero bien (aprobar por consenso la Ley del Crimen Organizado; la revisión de la reforma policial militarizada a través de los recientes decretos legislativos; legislar eficazmente contra los denominados delitos menores y violación de normas penales que constituyen crimen organizado, etc.); así como comprometer al Ministerio de Economía y Finanzas para que brinde recursos que permitan la especialización del personal policial para su capacitación y equipamiento; y para terminar de una vez por todas con el sistema 24 x 24 que reduce el servicio policial.

La seguridad ciudadana hoy más que nunca necesita de una Policía disuasiva, altamente calificada y con medios tecnológicos que permitan enfrentar a la delincuencia con eficacia. E