Desde todo punto de vista, no es saludable para la imagen del país que otro expresidente de la República, en este caso Ollanta Humala, esté envuelto en una investigación judicial -por el presunto delito de lavado de activos- y con comparecencia restringida de por medio.
Hace apenas tres meses que Humala Tasso dejó Palacio de Gobierno y ha tenido que suspender cualquier reposo para enfrentar un veredicto como el del viernes a manos del juez Richard Concepción Carhuancho y, antes, estuvo en la Comisión de Defensa del Congreso respondiendo las dudas sobre la compra de un satélite a Francia.
Muchos dirán que la Casa de Pizarro se ha vuelto una demoledora de carne si tomamos en cuenta las querellas e indagaciones por las que han pasado los jefes de Estado desde 1990 en adelante; no obstante, la justicia tiene que abrirse paso sin contemplaciones y castigar con el rigor necesario el hallazgo del delito cometido.
Precisamente, es por estos ejemplos de sospecha y apego a la infracción a alto nivel que la población demanda una renovación en el ámbito político, que implique no solo la rotación de personas sino además una refundación del concepto de “servidor público”, pegado a los valores éticos y morales. Muchos funcionarios no llegan al Estado para servir, sino para servirse del Estado.
El gobierno de Kuczynski albergó a un personaje como Carlos Moreno, que se manejaba bajo esta política y, tras ser descubierto, aunque con algo de demora, fue puesto a disposición de las autoridades. PPK necesita dar indicios de que no es más de lo mismo.