En una cena en Quito, anteayer un colega español me planteó a bocajarro la siguiente pregunta: ¿podemos decir que las Asociaciones Público-Privadas (APP) están atravesando su mejor momento a nivel mundial? ¡Qué buena pregunta! Especialmente hecha a un peruano que viene “contaminado” por la reciente experiencia del “efecto Odebrecht” que las ha herido muy fuertemente en su propio país. Por eso preferí tomarme el tiempo para pensar la respuesta. Coyunturalmente, quizá no ocurre en el Perú, pero hay hechos contundentes que parecieran apuntar a que las APP gozan de muy buena salud. Para no hablar de otros continentes, quedémonos con el nuestro. 

A excepción de Venezuela y Bolivia, prácticamente todos los demás las están desarrollando, empezando por la adecuación de sus marcos legales. Argentina ya sacó su nueva ley APP y lo mismo ocurre con Ecuador, Uruguay y Paraguay. Chile, Colombia, Perú y México aparecen como los “alumnos” más avanzados, pero Centroamérica en pleno se va volcando a las APP de manera decidida, incluyendo a Nicaragua, por cierto. Y la “era Trump” promete impulsar en los EE.UU. un boom de infraestructuras sin precedentes, lo cual, sin duda, involucrará a la inversión privada a través de ellas. 

Sí, las APP van atravesando incluso las barreras ideológicas. Hay que cuidar, sin embargo, que el boom no se transforme en boomerang. El “entusiasmo” por impulsarlas puede llevar a apresurar etapas, dejando de lado análisis fundamentales para determinar si constituyen el mejor modelo de desarrollo de servicios públicos de calidad en cada caso específico. Los estudios de costo-beneficio y de valor por dinero, por lo menos, debieran ser parte del contenido mínimo para desarrollarlas. Y por supuesto, las salvaguardas fiscales con el monitoreo adecuado de los pasivos ciertos y contingentes que generan las APP. Hay que hacerlas, pero hagámoslas bien.