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Las empresas de agua en el norte del país, literalmente, se han ganado bien su nombre. No exagero cuando digo que las prestadoras de este servicio básico ahogan a la población con su pésimo trato, a pesar de no tener competencia alguna.

El gran problema de estas regiones no es solo la inseguridad ciudadana, sino también el servicio del suministro de agua. Y no hablo solo de las empresas regionales o con intervención estatal, sino hasta las manejadas por el rubro privado.

En general, desde Chimbote, La Libertad, Lambayeque, Cajamarca, Piura y Tumbes, las empresas que brindan el servicio de agua y saneamiento no funcionan correctamente; por lo tanto, urge una política del más alto nivel gubernamental para exigirles un mejor trato a la población.

Es paradójico que teniendo tal cantidad de ríos en el norte no hayan podido encontrar la solución a la escasez del agua. Cuesta creer que un monopolio no pueda cumplir con su mercado y que, cada día más, sus estados financieros se descalabren. ¿No será que el haber sido caja chica de algunos gobiernos locales les está pasando la factura?

Estamos en una zona desértica, está bien, pero no podemos hablar de desarrollo integral si ciudades capitales como Piura y Trujillo no gozan del servicio de agua continuo, y si algunos distritos solo cuentan con dos horas al día de este líquido elemento.

Si bien estas empresas se defienden recalcando el alto índice de morosidad de los vecinos por el servicio de agua que reciben y, de igual manera, la gran cantidad de conexiones clandestinas, también es su responsabilidad ejercer este control.

La gente le teme a la tercerización del servicio de agua o a la intervención del Estado para un control directo, pero es momento de establecer lineamientos públicos para contar con un servicio de agua óptimo en un país en vía de desarrollo.