Las leyes se respetan

La paralización de los docentes será una buena oportunidad para que los peruanos podamos apreciar si esta vez el Estado funciona y sabe aplicar las leyes vigentes, o si simplemente, como en tantas otras ocasiones, mira al costado y se deja pisotear por huelguistas que, por más que tengan derecho a exigir mejoras salariales, bajo ningún concepto pueden recurrir al delito o a la frescura de cobrar sueldos pese a no haber trabajado.

En primer lugar, sería bueno conocer si la Policía Nacional y el Ministerio Público están trabajando para procesar a los autores de los desmanes que todos los peruanos hemos visto a través de los medios. ¿Qué fue de los que atacaron aeropuertos como los de Cusco o Jauja?, ¿dónde están los que tomaron carreteras y dañaron las vías del tren a Machu Picchu? Todo lo mencionado es delito penal y no existe razón alguna para que no se aplique sanción a estas personas.

A propósito, habría que ver cuántas personas han sido procesadas por la toma de pistas en los últimos años. ¿Habrá alguna con sentencia efectiva? No se trata de aplicar el “garrote del Estado” o de “criminalizar la protesta”, como se quejan algunos desde la izquierda y sus variantes, sino de aplicar leyes vigentes como en cualquier país civilizado donde no se puede permitir el desmadre que vemos en cada protesta.

De otro lado, cabría preguntar qué pasará con las autoridades regionales que han pagado sueldo y hasta gratificación de julio a los huelguistas. La Contraloría iba a intervenir en estos casos y ojalá que pronto se emita un informe. Recordemos que hace pocos días uno de los dirigentes de una de las facciones de la paralización ha señalado en televisión que hasta ahora sigue cobrando como si estuviera en el aula frente a los alumnos. ¿Quién responde por esto?

Es de esperarse que en las próximas horas se llegue a un verdadero acuerdo y se levante la huelga de docentes, pero sin echarle tierra a los delitos e irregularidades que han saltado a la luz a niveles de escándalo. Recordemos que en Jauja incluso se impidió las operaciones de un vuelo comercial con pasajeros. Dejar todo ahí sentaría un pésimo precedente para futuras movilizaciones y, además, un duro golpe a la legalidad de un país donde falta respetar las leyes.