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El Perú es uno de esos países que busca de forma afanosa considerarse civilizado, pero a veces nuestra sociedad se asemeja a los tiempos violentos de los bárbaros en Europa, poco antes de la caída del imperio romano de occidente, donde los foráneos tomaban posesión de los extensos terrenos sin preocuparse de la autoridad, que esta estaba de adorno.

Lo mismo pasa por estas llanuras del norte del país, desde Chimbote a Tumbes, siendo Piura y La Libertad las regiones donde más atacan las invasiones propiciadas por los miembros de las mafias de terrenos. Estos delincuentes tienen una frecuencia modulada según la ocasión, en especial cuando los responsables de las áreas públicas descuidan la propiedad de todos los peruanos. En la campaña electoral es muy común, por ejemplo.

Estas mafias dedicadas a aprovecharse de la necesidad de la gente convierten a las invasiones en un lucrativo negocio. Acá no se trata de dirigentes que buscan el bien de los pobladores que, por alguna u otra razón, no poseen una vivienda, sino que les crean falsas expectativas con la finalidad de llenarse los bolsillos y luego retirarse bien campantes.

Acaba de suceder en La Libertad, donde hasta moradores ancashinos han sido estafados por seudodirectivos de asociaciones de ocupantes inscritas en el registro de la criollada. A los incautos les piden módicas sumas de dinero, desde 10 soles, para delimitarles el lote de su futuro hogar. Ahora multipliquen por 20 mil familias y, créanme, esto no es moco de pavo.

¿Qué está pasando con la autoridad? Conversaba con un abogado al respecto, y este me contaba que la ley era muy permisible para los invasores, a quienes les bastaba permanecer por más de 48 horas (un fin de semana) en un predio público para ampararse en las normas y evitar la intervención policial, salvo algún dictamen judicial (esto llegaba después de varias lunas, cuando incluso se revendían los lotes).

Hace falta mano dura y penas más drásticas contra estos embaucadores que, a diferencia del delincuente común, comenten su delito en la misma cara de las autoridades y luego pretenden negociar. Con los delincuentes no se negocia, menos si son terrenos que nos pertenecen a todos.