La reciente condena de Iñaki Urdangarin, cuñado del rey de España Felipe VI, a más de seis años de cárcel, de todas maneras afecta a la institución de la monarquía en ese país, pues se trata del esposo de la infanta Cristina, la hermana del rey Felipe. Urdangarin no pudo eludir la justicia que acaba de demostrar el desvío de fondos públicos del Estado hacia una institución fantasma -Nóos-, que él mantenía perjudicando no solamente al fisco español, sino además, a la monarquía tan pegada a la historia de España, impactando al principio de transparencia y de buena por su posición ventajosa. 

Para el rey Felipe, que lleva poco tiempo como jefe de Estado de España, constituye una prueba de fuego que medirá su capacidad de defensa de la monarquía, profundamente cuestionada por sectores republicanos y separatistas que desde hace buen tiempo no ven la hora de abolirla. La infanta y su esposo complican al rey y este deberá marcar distancia, si acaso quiere mantener a la corona vigente, porque la imputación por corrupción no tiene niveles de indulgencia. Es verdad que la infanta se ha librado de la cárcel -hubiera sido letal para la monarquía- pero el hecho que deba pagar una importante multa, también afecta al sistema de monarquía constitucional que cuenta la Península Ibérica, el mismo que está obligado en su impoluta conducta, a serlo y parecerlo, Felipe debe mostrarse inmutable como todo un hombre de Estado si quiere conservar su reinado.

Lo que sucede en el sistema internacional actualmente, donde estamos viendo cómo se ponen al descubierto situaciones de corrupción, genera una corriente de rechazo categórico. España quiere a su monarquía, pero ello no basta para sostenerla. Un nuevo episodio compromisorio en la casa real puede dañar el futuro de los reyes. La corrupción sigue siendo el asunto más dramático de la comunidad internacional.