Ningún país democrático soportaría contar en sus cárceles a presos políticos. Venezuela, que dejó de serlo por la arbitrariedad del régimen chavista, los tiene (cerca de 100). La consecuencia de no querer seguir manteniendo el statu quo de crisis estructural en el país y sin respeto por los derechos fundamentales de los venezolanos, que lleva cerca de 17 años en el país, hizo que hombres y mujeres decidan expresar su pensamiento al régimen que, marcado por la intolerancia, sin pérdida de tiempo los terminó censurando y depositando en la cárcel. En otras palabras, en Venezuela, la gente que piensa distinto del gobierno y que, además, lo diga públicamente se ha convertido automáticamente en la condición de presos políticos, por lo que el aparato de la gendarmería chavista los buscará para reducirlos en prisión. A tono con el año nuevo, Maduro para disimular su prepotencia acaba de liberar a Manuel Rosales, antiguo opositor de Hugo Chávez que regresó al país en el 2015 y enseguida fue encarcelado. Con él han sido libertados otros pocos presos políticos. Pero Maduro sabe a quién libera y a quién no debe hacerlo. La respetable persona de Rosales y su volumen político no tienen el impacto ni la envergadura de la puesta en libertad que todo Venezuela quiere para Leopoldo López, el líder opositor que solamente en la condición de libre hará cualquier cosa democrática y social para jaquear al propio régimen, defenestrar a Maduro y darle una nueva agenda a la vida de los venezolanos. Maduro lo sabe de sobra y por eso no lo liberará, pues con Leopoldo nuevamente en las calles su permanencia en el poder tendrá fecha de expiración. El liderazgo intrínseco de López apresuraría lo que la Asamblea Nacional venezolana hasta ahora no ha podido por más buenos signos de querer lograrlo.