El presidente Pedro Pablo Kuczynski ha asegurado que todas las concesiones tendrán que incluir la famosa cláusula anticorrupción en los contratos con el Estado. Sin embargo, pregunto, ¿por qué no tener mejores controles para evitar actos de corrupción y la paralización de alguna obra?

Veamos. Una millonaria obra de inversión pública o una Asociación Público Privada (APP) puede detenerse si se detecta en el camino que, por ejemplo, los ganadores de la licitación pública incurrieron en actos ilícitos para obtener la misma.

Miren lo que ha ocurrido con Odebrecht. La Contraloría detectó en su momento que la celebración del contrato de la carretera Interoceánica con el Estado debía replantearse por tener algunos vicios legales, como que la empresa brasileña tenía juicios con su futura contratante. Un filtro que, claro está, Alejandro Toledo y Proinversión, además del Congreso de la República, se lo pasaron por donde mejor les parezca.

Una cláusula anticorrupción no evitará que los capitales extranjeros salgan corriendo del país, ha dicho la Confiep. No obstante, creo que puede terminar perjudicando a los ciudadanos si se ejecutan concesiones mal licitadas.

Un ejemplo más. Una obra de envergadura para darle agua a la población a través de una APP con estas empresas de saneamiento que dan pena en provincias. A medio tramo, el Estado detecta que Graña y Montero (una de las interesadas en este tipo de contratos en el norte del país) está embarrada con Odebrecht y decide aplicarle la cláusula anticorrupción. ¿Qué pasa? ¿La gente espera un año para preparar sus alimentos? Creo que no es lo más recomendable, aunque siempre en una licitación se corra el riesgo de algún “desastre” inesperado.

Por eso es que deben reforzar los controles estatales, para que, también, las famosas adendas no sean la nueva modalidad de robo de parte de las contratistas.