Resulta sorprendente la fuga del señor Martín Belaunde Lossio (MBL) en el recinto de su arresto domiciliario que mantenía en La Paz desde el pasado 21 de enero en que así fue dispuesto por la justicia boliviana. Hay un conjunto de sucesos que no cuadran y que realmente ponen al descubierto muchas suspicacias. En estos tiempos en que los protocolos de seguridad son in extremis resulta poco creíble, por ejemplo, que sus custodios hayan sido sorprendidos con pastillas para dormitarlos para que MBL escape. La opinión pública no es cándida y lo sucedido, más bien, estaría desnudando la evidente falta de ganas porque realmente sea traído al país. Percibo una evidente responsabilidad compartida del Perú y de Bolivia. No es verdad que este último no pueda de oficio decidir su traslado a un centro penitenciario que hubiera evitado su inminente fuga, tantas veces mentada. Ante la proximidad de ser extraditado, el Estado boliviano era totalmente responsable de su custodia. Una sucesión de especulaciones desde que fue alertada su presencia en La Paz confirmaría la superposición política a las reglas jurídicas. Cuando le fue propuesta la expulsión por la justicia boliviana, el Gobierno del Perú optó por la extradición cuando, incluso, por la expulsión misma, que no suponía mayor trámite, en un santiamén hubiera podido ser puesto en la frontera peruana. No se hizo y se prefirió por un mecanismo del derecho penal internacional más complejo por la acumulación de trámites en juego. Lo concreto y real es que MBL ha desaparecido de los radares de la justicia y -repito- estamos ante una muy mala señal sobre la veracidad de las actuaciones judiciales, donde, incluso, el viaje reciente de una comisión a La Paz para coadyuvar en su detención sería pura finta política.