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María Cecilia Villegas

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Mesas de Diálogo

Las grandes inversiones extractivas en el Perú Generan conflictos sociales que las paralizan...

15 de Octubre del 2016 - 08:20 María Cecilia Villegas

El Gobierno ha heredado 208 conflictos sociales. En el 2015, la Defensoría registró 258 conflictos, la mayoría vinculados a la minería. En ellos murieron 19 personas. Durante el gobierno anterior hubo 90 personas fallecidas y 2367 heridas como consecuencia de conflictos sociales.

En mayo, las comunidades nativas de Belén, Loreto, secuestraron a 8 trabajadores de Talismán cansadas de que sus reclamos no fuesen atendidos. En setiembre 2015, un grupo de turistas fue detenido por indígenas del sector Boca Manu, en Madre de Dios. Ellos exigían que el Sernanp levante la demanda presentada contra el Gobierno Regional por irregularidades en la construcción de una carretera. En abril en Tayacaja, Huancavelica, durante un paro un policía fue apedreado y otros cuatro heridos fueron secuestrados al lado de la carretera. El 3 de agosto en Urubamba parte de la población realizó un paro de 48 horas para protestar contra tres empresas y lograron que se instale una mesa de diálogo. Hace unos días 8000 maestros intentaron tomar el aeropuerto del Cusco.

Con cada conflicto social se instala una mesa de dialogo. El mecanismo se estableció en el 2006 como un espacio de negociación para enfrentar la conflictividad social. Hoy, son capturadas por grupos o frentes de “defensa” que no se sabe a quién representan. Las mesas de dialogo han terminado generando incentivos perversos que no acaban con la conflictividad ni mejoran la representación de los ciudadanos.

Las grandes inversiones extractivas en el Perú generan conflictos sociales que las paralizan, y al hacerlo detienen el desarrollo del país. El problema se genera por la falta de confianza de las comunidades en el Estado y en las empresas privadas que realizan actividades en áreas cercanas a ellas. El aprovechamiento de muchas empresas, sumado a la soberbia de sus funcionarios, la falta de presencia del Estado, la pobreza, la inequidad, la mala calidad de programas sociales y la falta de información son los responsables. Las comunidades, al no tener acceso a información segura y cierta, y al no tener “voz”, son seducidas por líderes radicales que recurren a la violencia, destruyen y paralizan regiones del país. Líderes antiinversión, con claros intereses políticos y/o económicos, tienen maniatadas a las autoridades locales, quienes, amenazadas con la revocación o vacancia, son incapaces de enfrentarlos. El problema: no existe Estado. Necesitamos implementar mecanismos participativos para que las comunidades efectivamente participen en la toma de decisiones y logren que sus intereses y necesidades sean tomados en cuenta cuando se diseñan e implementan políticas públicas.

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