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A sus 95 años de edad, el presidente de facto del Perú (1975-1980), Francisco Morales Bermúdez Cerruti, debe seguir soportando las tensiones y el estrés por su condición legal devenida de la justicia italiana que lo quiere para juzgarlo y, con el reciente anuncio, para condenarlo a la pena de cadena perpetua por su responsabilidad, junto a otros militares de la región, por el mentado caso denominado “Plan Cóndor”, que reveló la responsabilidad en la desaparición de personas que resultaron incómodas para aquellos regímenes de los años setenta en América del Sur. Morales Bermúdez pudiendo salir del país en realidad no debe hacerlo. Se hace automáticamente vulnerable pues la Interpol podría detenerlo. El “Plan Cóndor” fue siniestro. A Juan Velasco Alvarado, que por estos días mucho se viene mentando a propósito de recordar la fecha en que lideró el golpe de Estado (1968) contra el gobierno constitucional de Fernando Belaunde Terry (1963-1968), confiscando groseramente los medios de comunicación, nunca jamás se le asoció a este caso. En cambio, al general Morales Bermúdez lo ha perseguido durante toda su vida, luego de que el Perú retornara a la democracia en 1980, también con Belaunde. Países como Argentina, Chile, Brasil o Paraguay han sido drásticos a la hora de juzgar a sus dictadores una vez vuelta la democracia. En el Perú, la benevolencia de nuestra democracia durante los años ochenta, aunada al síndrome del “golpe de Estado” que pudiera hacer volver al país al régimen inmediato anterior, la aparición de Sendero Luminoso y hasta el Conflicto del Falso Paquisha (1981) con Ecuador distrajeron notablemente una política justiciera como era lo que se esperaba. Eso no estuvo bien y hay que decirlo. No debe existir la cultura del borrón y cuenta nueva, tal como los jueces en Italia concibieron este sonado y trágico caso que es considerado uno de los más nefastos sobre violación de los derechos humanos en el mundo.