¿No puede o no quiere?

El escándalo del rastreo a miles de periodistas y políticos por parte de la DINI (Dirección Nacional de Inteligencia) sigue dando que hablar. Uno de los más críticos frente a esta vigilancia indebida a ciudadanos es el congresista Víctor Andrés García Belaunde. Además, es quien investiga este caso. Por eso resulta muy preocupante que desconocidos hayan violentado la seguridad de la oficina del legislador, presumiblemente en horas de la noche, y hayan irrumpido con objetivos nada santos.

Este hecho no solo es una práctica de amedrentamiento, sino también una muestra precisa de que el seguimiento a los personajes de la oposición continúa. Se sospecha que estos sujetos hayan manipulado documentos, aunque no se descarta que su intención fuera poner micrófonos para grabar las reuniones de los parlamentarios. Al respecto, la bancada del PPC-APP denunció que una de sus reuniones fue “chuponeada”.

La destitución del jefe de seguridad del Congreso, Estuardo Loyola, no hace sino confirmar las irregularidades en los aparatos de poder del Gobierno. Es evidente que hay una práctica constante de incomodar a sus rivales políticos.

Ministros y congresistas del oficialismo han levantado su voz contra estas acciones delictivas. Sin embargo, lo que deben hacer es cumplir con su deber de darle garantías a todo legislador para que cumpla con su trabajo fiscalizador. En este caso, colaborar con Víctor Andrés García Belaunde para que encuentre a los que ordenaron a los agentes de la DINI que hagan seguimiento a miles de ciudadanos. ¿El Gobierno no puede o no quiere?