Las multitudes que sufren por haber perdido todo y que estaban con las aguas literalmente hasta el cuello, de un momento a otro, han desaparecido, invisibles, como si no existieran fuera de las cámaras de televisión. Sin embargo, existen y son cerca de un millón y medio de peruanos viviendo de la caridad pública, gracias a la magnífica ola de solidaridad que movilizó recursos recolectados en calles y plazas para ser enviados a la zona en emergencia. Al grito de “Perú una sola fuerza” hemos manifestado que no permitimos ese drama colectivo, que no queremos que tantos niños y familias enteras estén sin techo, ropa y alimentos. Las aguas han empezado a retirarse, las lluvias e inundaciones han cesado dejando páramos de miseria. Pero ¿qué está pasando con todos esos hermanos?, ¿cuántos más están muriendo por hambre o por emergencia sanitaria?, ¿cómo se levantarán las instituciones que han perdido instalaciones, información, libros, equipos informáticos y todo lo obtenido con tanto esfuerzo?

Es el momento de la política bien entendida, de los consensos para avanzar sobre los terrenos arrasados para atender a toda esa gente afectada. No son solo números, presupuestos y evaluaciones de costos que despertarán muchos intereses económicos y políticos. Es la reconstrucción que deberá hacerse con la mayor transparencia, con obras que no serán un botín para nadie. Se impone la vigilancia ciudadana, pues es la hora del compromiso por la eficiencia, por la austeridad en la política económica y por afinar las prioridades. No es solo contar dinero y gente para las obras por hacer. La reconstrucción deberá ser planificada, incluyendo la prevención, atendiendo las urgencias, sin gastar injustificadamente. Una etapa intermedia entre emergencia y reconstrucción debe ser considerada según los daños y las demandas de los damnificados y de las instituciones afectadas.