Tuvo el hampa que matar a un empresario dentro de una notaría a pocos metros de dos locales de la Policía y acabar con la vida del periodista Luis Choy, con quien compartí decenas de comisiones en mis largos años de reportero de esta Casa Editora, para que ayer por la mañana las principales autoridades del país se junten a fin de plantear soluciones a un tema que no es de ahora, pero que por la inacción del Estado les ha reventado en la cara y ha puesto contra las cuerdas.

Han anunciado cadena perpetua para los ladrones y asesinos, retirar policías de oficinas y ponerlos en las calles, comprarle los días de franco a los agentes para que no tengan que estar cuidando pollerías, chifas y casinos por ganarse un dinero extra, sacar más patrulleros y motos, y otras medidas que se vienen escuchando desde hace mucho, pero que pocos resultados han traído, tal como se ha comprobado no ahora con la muerte del "chino" Choy, sino bastante tiempo atrás.

Llama la atención que el Estado haya reaccionado recién ayer y que como gran cosa anuncie medidas que ojalá sirvan. Habría que preguntar a los caballeros que dieron su conferencia de prensa en la puerta del Ministerio del Interior si no sabían que desde hace años la violencia va en aumento, que los delincuentes roban y matan en las calles como si nada, que los penales son "zonas liberadas" y que nuestro sistema de justicia es campeón liberando hampones a las 24 horas de ser arrestados.

Preocupa que tengamos un Estado que aparenta vivir de espaldas a lo que pasa en la calle y que recién se dé cuenta de la gravedad del tema cuando la prensa, ese sector tan criticado por el presidente Humala y el premier Jiménez en esta última semana, le hace ver a las principales autoridades del país que la violencia no es broma y que los delincuentes ahora son tan bravos que se dan el lujo de matar sin mediar palabra mientras la Policía no los puede detener porque "hay mucho tráfico".

Y si las autoridades no saben lo que pasa acá en Lima, imaginen el desconocimiento que podrán tener de la realidad de las provincias, donde el crimen organizado opera desde los penales con total impunidad, tiene sus propios abogados, y los jueces y fiscales sueltan con facilidad a los delincuentes que al día siguiente incluso se dan el lujo de aparecerse en las oficinas de los medios de comunicación a reclamarles por haber difundido las imágenes de su presentación pública en una sede policial, con armas incluidas.

Es lamentable que el Gobierno recién reaccione, aunque con desconcierto, ante la violencia, al extremo que haya anunciado algunas medidas un domingo, con apuro, cuando ha podido trabajar el tema desde hace mucho, teniendo en cuenta, por si tampoco lo sabe, que la delincuencia es el principal problema que golpea a los peruanos, tal como en los años 80 lo fueron el terrorismo y la hiperinflación; y en los 90 la recesión y la falta de empleo.