El prestigioso representante del Paraguay en la OEA, embajador Hugo Saguier, afirmó que Perú y Ecuador plantearon sancionar a ese país en Aladi, organismo de integración comercial que carece de cláusulas democráticas y que jamás ha castigado políticamente a nadie. Es irónico que al desmentir este exceso, nuestro Canciller lo haya confirmado ofreciendo detalles que prueban el activismo con que el gobierno ha asumido la presidencia pro tempore que Unasur arrebató ilegalmente a Paraguay, con la complicidad del Perú, como demostré el domingo pasado desde esta hospitalaria columna.
Es otra de las acciones punitivas que los demócratas fariseos del Alba y Cuba están promoviendo, con el apoyo de Brasil y Argentina que, con Venezuela en el Mercosur, quieren dominar Sudamérica y borrar del mapa a la Alianza del Pacífico.
No hemos aprendido nada del reciente fracaso en el Celac (Santiago 5.7.2012), donde la concertación contra Paraguay no logró suspenderlo, y el anfitrión -Chile- tuvo que clausurar silenciosamente la reunión. Tampoco hemos valorado que el excelente Informe de la misión de cinco países que presidió el Secretario General de la OEA (www.oas.org) haya verificado la situación de normalidad y estabilidad institucional que reina en Paraguay. En lugar de proponer otra sanción injusta plantea una misión para garantizar la idoneidad de las elecciones de abril del 2013 y recomienda que no se adopten decisiones hasta no conocer el fallo de la Corte Suprema paraguaya sobre la validez de la destitución de Lugo. Son medidas útiles y fundadas en el ordenamiento jurídico de la OEA, cuya normatividad precede al de otras organizaciones regionales.
Paraguay ha denunciado la ilegalidad de su sanción ante la máxima instancia jurisdiccional del Mercosur: el Tribunal Permanente de Revisión (con sede en Asunción), donde también ha cuestionado la ilegal admisión de Venezuela. La incorporación del régimen chavista al Mercosur es un acto de sorprendente cinismo, pues las razones de la suspensión paraguaya son menos graves que las que deberían impedir la admisión de Venezuela, claramente violatoria de la severa cláusula democrática mercosureña.
Es un tema de política exterior que coincide con la crisis se seguridad interna, el levantamiento antiminero, la sublevación en Cajamarca y la insolente resurrección del senderismo. Confluye asimismo con los indicios del relevo del Canciller y su eventual remplazo por el señor Lerner. No sorprendería porque Torre Tagle es cuota política de Ciudadanos por el Cambio, que ahora pretendería copar también la Secretaría de la CAN, donde el señor Roncagliolo podría aplicar su esfuerzo a intensificar la asociación CAN-Mercosur, el fortalecimiento de Unasur y la vinculación CAN-Alba, acentuando el camino de retorno a los postulados de la Gran Transformación.
Preguntémonos a qué otro propósito podría obedecer el nombramiento del expremier para presidir un grupo de intervención en Paraguay, justamente cuando la acción de la OEA hace que la gestión de Unasur resulte redundante e innecesaria.
Por dignidad y prestigio, el Perú no debe poner la presidencia de Unasur al servicio de gobiernos que vulneran impunemente la Carta Democrática que nuestra diplomacia propulsó en la OEA, ni encabezar la cínica parodia que Chávez, Correa (acaba de cerrar la vigésima radio opositora) y Morales pretenden imponer en la región con el asesoramiento de la dictadura castrista.