Tengo en mis manos el informe presentado por el Presidente del Inpe ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Congreso Nacional en junio pasado y, sin ánimo de exagerar, debo señalar que es de terror.

Resulta que en este primer año de gestión del presidente Humala los presos del país han aumentado mensualmente en un número superior al millar, pasando de 44 mil a la increíble cantidad de 58 mil. De acuerdo a las proyecciones, cuando acabe este gobierno habrán largamente más de 100 mil, contra una capacidad de albergue de 24 mil espacios.

Esto explica los motivos por los cuales no existe manera de garantizar la seguridad ciudadana en las calles del país. El descontrol es tan grande adentro, que de nada sirven las continuas redadas ni las normas que se ajustan para tratar de frenar la violencia.

Las cárceles son hoy escuelas superiores de perfeccionamiento criminal y lugares de coordinación y de planificación para los atracos de cada día. Ni el escaso personal del Inpe ni el de la Policía pueden controlar lo que ocurre y terminan muchas veces de comparsa de las fechorías.

La ceguera de los poderes Ejecutivo y Legislativo es tan grande, que creen que aprobando penas más graves o menos beneficios penitenciarios el problema va a ser solucionado. No es más seguro el país que tiene a más gente tras las rejas. Al contrario. El tumulto evita la eficacia requerida en la aplicación de medidas que otorguen seguridad pública.

No es posible solucionar esto en seis meses, como lo anunció este gobierno, pero tampoco es correcto que la falta de capacidad y voluntad política termine agravando la situación hasta hacerla incontrolable.

A problemas complejos soluciones integrales. Primero, no es necesario tener tantos internos. Hay un buen grupo que podría estar en sus casas por haber cumplido parte de su pena y no tener conductas peligrosas o violentas o por haber incurrido en delitos menores. Habilitar el sistema de vigilancia electrónica resulta hoy impostergable, para procesados y condenados. Igualmente retomar la política de conmutaciones implementada por el gobierno anterior, para que los primarios que no revisten peligrosidad puedan dejar sus espacios y permitir un mejor control.

Mejor selección de internos y cárceles aisladas de altísima seguridad. Programas de reinserción, más penales y mayor número de agentes de seguridad, entre otras medidas.

Si este gobierno no la ve, necesitará pronto un resucitador.