En los últimos días, con el caso del sujeto llamado Gerald Oropeza, quien fue atacado a balazos y granadas en San Miguel en un presunto ajuste de cuentas entre traficantes de drogas, ha quedado claro que nuestro Estado no funciona y que tendrán que pasar muchos años para hacer una reforma profunda a fin de impedir que acá sucedan cosas propias de un país surrealista y no de uno que se esfuerza en creer que en breve será del “Primer Mundo”.

Para empezar, este personaje ostentaba bienes inmuebles y vehículos, pero nunca nadie lo puso bajo la lupa. ¿No se suponía que la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) tenía acceso al registro de propiedades de la Sunarp para rastrear a elementos peligrosos para la sociedad? El hombre entraba y salía del país, ocupaba una casa que no era suya y que estaba bajo custodia del Estado, y hacía piques ilegales en avenidas de Lima; pero a él nada le pasaba.

Más tarde, cuando se pide la detención de este sujeto, al que se sindica como integrante de una gran red de traficantes de cocaína, el Poder Judicial emite un comunicado señalando que no puede disponer su captura porque nadie en el Ministerio Público se ha dignado a hacer la solicitud a partir de una investigación. Otra vez el Estado enredado en sí mismo, demostrando que no es capaz de actuar en beneficio de los ciudadanos, hartos de la inoperancia del sistema judicial en su conjunto.

Recordemos que hace pocos días, en materia de seguridad ciudadana, el propio ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, señaló que de 995 capturados por la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) en enero y febrero, apenas 45 permanecen detenidos, mientras que el resto goza de libertad gracias al Ministerio Público. Y eso que estamos ante el principal problema que afrontamos los peruanos: el de la inseguridad. Imaginemos cómo serán tratados otros por el Estado.

Imposible responsabilizar a un gobierno o a dos o tres por estos hechos que indignan, pues estamos ante el resultado de décadas de ineficiencia, corrupción y dejadez, que permiten la existencia de los Gerald Oropeza, de los delincuentes comunes que entran y salen de las cárceles, de municipios como los de Chosica que permiten que la gente construya en las quebradas y demás situaciones que evidencian que nuestro Estado no camina y que hay mucho por hacer.